APROBADO POR EL PLENARIO NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO
Montevideo, 19 de abril de 2004
Introducción
El Frente Amplio tiene más de 32 años de vida política, pero la lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo que condujo a su fundación es todavía más larga.
La unidad política de la izquierda no fue un proceso fácil. Su construcción demandó grandes sacrificios y costó sangre, cárcel, exilio y esfuerzos de decenas de miles de orientales, hombres, mujeres y jóvenes, que dieron lo mejor de sus vidas para construir un país solidario, en el que se pudieran realizar los mejores valores de justicia social que alentaba su lucha.
La acumulación política realizada durante tantos años está a punto de dar sus frutos y el Frente Amplio, junto a sus aliados, tiene grandes posibilidades de alcanzar el gobierno en las próximas elecciones.
Ello pone sobre la mesa, con más fuerza que nunca, la necesidad de profundizar las definiciones realizadas sobre la relación que tiene que existir entre el Frente Amplio, su gobierno, los trabajadores y toda la sociedad civil.
La alternancia en el gobierno entre blancos y colorados, al servicio de los mismos intereses, ha consolidado un tipo de administración que permitía el cambio de personas en el gobierno sin que se resintiera demasiado su funcionamiento y ayudaba a consolidar el bloque de poder.
El gobierno progresista, sin embargo, no se podrá sostener y consolidar, solamente cambiando a las personas que integran el gabinete y aplicando otro programa.
Ello no alcanza. Un gobierno al servicio de los intereses populares y las grandes mayorías nacionales, además de instalar su equipo, integrado por cuadros de probada idoneidad técnica, para llevar adelante su programa; tendrá que modificar una burocracia instalada funcional al bloque de poder. Y eso no será tarea fácil. Llevará tiempo y esfuerzo. Para hacerlo el FA y sus aliados también tendrán que cumplir con su propósito de promover la participación, transferir capacidad de decisión a la gente y transformar a los ciudadanos y al pueblo en protagonistas activos, que gestionen sus propios intereses y participen en la difícil tarea de gobernar el país.
El FA se ha construido a sí mismo a partir de la aplicación de ese principio, sin olvidar que la construcción de una fuerza política anticipa la de su gobierno. No se puede, por lo tanto, aplicar determinados principios para la construcción de la fuerza política y aplicar otros distintos para construir el gobierno.
La descentralización política y la participación ciudadana tienen que formar parte de los principios que guíen o pauten la forma de funcionamiento del nuevo gobierno progresista.
Pautas generales para una política de relacionamiento
Es innegable que para delinear con nitidez cuál debe ser el relacionamiento entre el Gobierno Progresista y la sociedad organizada, hay que tener definidas las reglas de relacionamiento entre el gobierno y la fuerza política. Estas reglas deben estar dirigidas a dotar de racionalidad y eficiencia a la relación entre ambos ámbitos, que, obviamente, comparten los mismos objetivos estratégicos. Si no está claro esto - y lo que es aún más importante - no se respetan las reglas de juego acordadas oportunamente, se verá dificultada la posibilidad de establecer un diálogo que permita cumplir los objetivos antedichos.
Lo primero que hay que tener presente es que se trata de ámbitos distintos, tanto por su composición, por sus reglas de toma de decisiones, por sus tiempos y por sus responsabilidades ante la sociedad. A pesar de esto es posible y necesario encontrar caminos de ida y vuelta que permitan los mejores resultados.
La relación entre la fuerza política y su gobierno para cumplir con los objetivos planteados, debe encararse estableciendo un adecuado equilibrio entre la función de orientación global que ejerce la fuerza política, y la necesaria autonomía de gestión que debe existir para gobernar eficientemente.
La relación fuerza política-gobierno debe sostenerse sobre tres grandes pilares:
a. Autonomía relativa, es decir, el mutuo reconocimiento de que hay ámbitos, reglas y tiempos que son distintos y que cada actor tiene derecho a ser reconocido como tal. El término “relativa” ayuda a entender que no estamos hablando de disociación o ajenidad. Por el contrario, se trata de expresar un mismo proyecto en ámbitos y en tiempos de acción distintos. Hay plena autonomía para desarrollar los roles correspondientes, pero dentro de un marco de relaciones acordado y nítidamente definido.
b. Coordinación: Las acciones de uno y otro actor apuntan a los mismos objetivos estratégicos, por lo que debe buscarse que se potencien mutuamente, que sean armónicas y entendibles como parte de una misma línea de acción estratégica. Una coordinación fluida, que ajuste correctamente tiempos y necesidades de cada parte, aumenta la efectividad y la eficacia de cada uno para cumplir con sus compromisos y objetivos de corto, mediano y largo plazo.
c. Responsabilidad: La toma de decisiones y la definición de cursos de acción deben implicar que quien las asume esté dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias y como estas afectan a otros actores políticos y sociales. Aún más, quienes actúan en lugares de dirección, deben tener siempre presente que sus decisiones y acciones presentes pueden afectar su misma capacidad de maniobra futura. Esta influencia es, sin duda, muy fuerte en la relación fuerza política gobierno, lo que ambos actores deben tener siempre presente.
Queremos subrayar que estas tres grandes orientaciones deben funcionar juntas y articuladas a la hora de diseñar e implementar políticas de relacionamiento. La falta o la hipertrofia de alguna de ellas pone en riesgo el equilibrio y la racionalidad de estas políticas y, en definitiva, atenta contra la concepción que tenemos sobre esta fundamental área.
Entre las múltiples responsabilidades que están a cargo de una fuerza política, una central, en relación con el gobierno, es la definición del Programa Nacional y el Plan de Gobierno. Esto implica que la orientación programática, el contenido de la propuesta de gobierno a realizar son fundamentales para entender las políticas de relacionamiento, más aún, en el caso de las fuerzas progresistas. Se trata de definiciones que tienen que ver con la profundización de la democracia. Compete a la fuerza política, además, la fijación de criterios éticos y de comportamiento para quienes desempeñen funciones de responsabilidad de gobierno, la instrumentación de mecanismos orgánicos de contralor de la aplicación del programa, seguimiento permanente y respaldo al gobierno.
La autonomía de gestión se ejerce y relaciona con la implementación de los lineamientos programáticos en los planes que se estime conveniente; lo referente al funcionamiento, mejora e innovación de la administración; en todo lo concerniente al relacionamiento institucional (con organismos o actores públicos, privados y sociales en general); el manejo de los tiempos de gobierno (que no siempre son los de la fuerza política)
Las políticas de relacionamiento reconocen distintos ámbitos de aplicación. Obviamente el primer principio debe ser que, a partir del reconocimiento de las particularidades de cada área, el conjunto de las políticas en cada plano debe tener elementos comunes y coherencia tales que permita una acción que se alimente de la reflexión y la práctica. Particularmente, el accionar del gobierno con los funcionarios públicos debe desarrollarse de tal manera que sirva de referencia para la implementación de las políticas de relaciones laborales en el ámbito privado. Estas deben ser refundadas desde las bases de la ampliación de la ciudadanía y del impulso del desarrollo justo y sustentable, en un marco de profundos cambios que se han producido en el mundo del trabajo.
Los distintos aspectos de relacionamiento que podemos destacar son:
- Gobierno Fuerza-Política
- Gobierno Empleador-Sindicatos
- Gobierno-diversas organizaciones sociales
- Gobierno orientador y controlador de las Relaciones Laborales
- Participación y consulta ciudadana
La participación y el diálogo son elementos de sustentación centrales de la acción de gobierno. Es más, es de aquí que debe surgir la legitimidad de los cambios estructurales que impulsará el FA y sus aliados desde el gobierno nacional, que tendrán como fundamental meta la superación de la exclusión social. Como decíamos anteriormente se trata de ampliar la democracia y la ciudadanía, con el objetivo de superar la incomunicación social y la falta de transparencia, utilizando todos los mecanismos posibles de descentralización y estímulo efectivo de participación popular.
El gobierno progresista
1- Nuestro gobierno resultará de la decisión soberana de la ciudadanía, expresada en el respaldo de nuestra propuesta electoral, lo que supone una legitimidad democrática que siempre hemos reivindicado y que valoramos profundamente. Dicha legitimidad democrática implica que el gobierno tiene un fuerte respaldo y un mandato expreso de la ciudadanía de gobernar –esto es, decidir y arbitrar intereses diversos- y de hacerlo de acuerdo a un programa explicitado clara y oportunamente ante los electores. Dicho mandato supone la intención de hacer prevalecer el interés general por sobre los intereses particulares, de grupos o personas. Nuestro compromiso con la ciudadanía toda es el de gobernar para todos los uruguayos, en base a las definiciones y prioridades de nuestro programa, para todos aquellos que acompañaron nuestra propuesta electoral y los que adhirieron a otras propuestas, los ciudadanos sin partido y la población en general.
El principal compromiso contraído por un gobierno del Frente Amplio es de hacer un buen gobierno y, de acuerdo a su programa, hacerlo en beneficio de los más postergados y las grandes mayorías.
2- El gobierno tendrá que ser, sin lugar a dudas, el gobierno del FA y sus aliados, en tanto la fuerza política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el gobierno de la fuerza política se tiene que manejar. Obviamente, al ser sometidas a la voluntad ciudadana en el proceso electoral, estas líneas también adquieren la calidad de compromiso ante la sociedad. La fuerza política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la ciudadanía, teniendo presente que en el Programa hay cosas centrales, otras no tanto y otras menores, secundarias y que su enfoque debe apuntar a lo medular, no a lo secundario.
3- La organización política no puede ni debe agotarse a sí misma en su relación con el gobierno. Ello significaría una gran limitante para la misma. Esta debe trascender el gobierno y elaborar políticas para el futuro.
El gobierno es el hoy, la fuerza política el mañana. Ella debe proyectar la acción de hoy hacia el futuro, darle perspectivas al gobierno. Este, sin la construcción de esas perspectivas, se agotaría en sí mismo.
Se puede reivindicar el control que la fuerza política debe ejercer sobre el gobierno. Pero no se puede olvidar ni dejar de lado la proyección de futuro: se estaría renunciando a una de las principales funciones de la organización política.
4- En ese sentido, tal como decíamos más arriba, no hay ni puede haber autonomía o independencia total. El gobierno progresista será producto de la responsabilidad del Frente Amplio y sus aliados y de los que lo construyeron y lo construyen día a día.
5- Se ha interpretado mal la frase sobre la necesidad de cortar el cordón umbilical entre la fuerza política y el gobierno: ello refiere al gobierno cotidiano, pues no se puede gobernar al ritmo del funcionamiento de la Fuerza Política. Este es mucho más lento que el ritmo del gobierno, y por lo tanto, una vez instalado el gobierno, tendrá su propio ritmo y, en los aspectos cotidianos, no puede esperar a las definiciones de la fuerza política. Esta delega en el gobierno, su gobierno, la capacidad de decidir y llevar adelante sus tareas. La fuerza política ayudará al gobierno a aplicar el Programa acordado en común y a difundir en el seno del pueblo sus realizaciones y proyecto.
6- Es innecesario e imposible gobernar en asamblea permanente. Innecesario por cuanto los compañeros llamados a tomar las decisiones lo hacen en base a un programa y luego de haber sido elegidos, entre otras cosas, por su capacidad de llevarlo adelante. Imposible por la propia dinámica de la acción de gobierno que implica la múltiple toma de decisiones en varios ámbitos. El compañero elegido por el FA para desempeñar la más alta tarea de gobierno, lo ha sido, entre otras cosas, por su capacidad para desenvolverse en un ámbito muy complejo. Esa capacidad se manifiesta también cuando hay que decidir cuestiones controversiales, por no haber estado previstas con anterioridad o aun cuando fueron previstas hay que ajustarlas a la realidad del momento. En los casos de situaciones controversiales importantes, no analizadas previamente, es más necesario que nunca la consulta previa a la fuerza política para que ésta ayude en la búsqueda de soluciones y se corresponsabilice. La fuerza política no puede limitarse a ser informada a posteriori del hecho consumado, ya que inhibe la crítica por su esterilidad o por la supuesta desautorización de quién tomó la resolución en cuestión.
7- Asegurar el gobierno de la fuerza política, con un programa apoyado y compartido por los sectores sociales que componen el pueblo y los que necesitan del desarrollo del país soberano para encontrar un principio de satisfacción a sus necesidades y sus problemas, es el principal desafío a resolver. Ello implica que se gobierne para todos los uruguayos, pero desde el programa que necesariamente refleje los intereses del pueblo y sus aliados, de las grandes mayorías nacionales.
Agrupación Nacional de Gobierno
8- Siempre se asocia el gobierno al Poder Ejecutivo; sin embargo, este necesita de mayorías parlamentarias que respalden su gestión. Y cómo se logran estas forman parte de la acción de la fuerza política.
9- Se considera que la fuerza política debe orientar las políticas de gobierno, tanto en lo que tiene que ver con el Ejecutivo como con la práctica Legislativa. A su vez, la Agrupación Parlamentaria Nacional, que actualmente funciona, deberá mantenerse con toda su especificidad.
10- Para contribuir a trazar los grandes lineamientos de la política de gobierno, se constituirá la Agrupación Nacional de Gobierno, que se reunirá en forma periódica para tratar temas de importancia considerable.-
Ella deberá estar integrada por el Vicepresidente de la República, el Secretario de la Presidencia, los ministros integrantes de la Fuerza Política, los intendentes electos, el Presidente y el Vicepresidente de la misma, los legisladores electos, así como la Dirección Política, con los sectores y la representación de base manteniendo la proporcionalidad.
Esta Agrupación se reunirá periódicamente y toda vez que se necesite consultar a la Fuerza Política y sus decisiones abarcarán a todos los ámbitos del gobierno (ejecutivos y legislativos)
11- La Agrupación Nacional de gobierno designará una Mesa como ámbito de funcionamiento regular, estableciendo su integración y régimen de trabajo.
La Mesa convocará a los legisladores cabeza de listas cuando funcione como elemento de consulta urgente o toda vez que se necesite tomar decisiones rápidas y que puedan significar un cambio en relación a lo que estaba decidido con anterioridad o que haya que tomar decisiones no previstas, pero de gran significación política. En estos casos integrará también a los cabezas de listas.
Gobierno y fuerzas sociales
12- El acceso de la Fuerza Política al gobierno, aun en lo exitoso del proceso iniciado, no elimina la contradicción de intereses entre el trabajo y el capital y entre el Estado y sus funcionarios asalariados y la diversidad de intereses y demandas en la sociedad. La propia idea de Acuerdo Social lo avala. La enorme modificación ocurrida en la economía y en la sociedad contemporáneas a consecuencia del neoliberalismo determinan que los sectores populares y nacionales se compongan hoy de un gran número de desempleados, subempleados, indigentes, excluidos, trabajadores, pasivos, clases medias, sectores productivos golpeados por la crisis y sectores afectados por diversas formas de discriminación. Contemplar y articular los distintos sectores de la sociedad, castigados por las políticas tradicionales en torno a un proyecto alternativo es un desafío central de nuestro tiempo
El gobierno progresista debe reconocer desde un primer momento tales hechos y las luchas económicas y los conflictos que sin duda se han de generar.
13- Gobernar no es sólo un acto de elaboración de programas y lineamientos a llevar adelante. Por ello no alcanza con cambiar los encargados de resolver e instrumentar los lineamientos de gobierno en distintos ámbitos, sino que implica poder llevarlos adelante desde una estructura adecuada que contemple la elaboración, la puesta en práctica, el control y la corrección de los problemas o errores que se puedan cometer. Esa estructura debe contemplar la participación y transferencia de la capacidad de decisión y gestión a la comunidad y a los trabajadores. Esto no se puede realizar hacia un sujeto fragmentado, sino que hay que promover permanentemente el desarrollo del sujeto social colectivo
14- El problema sigue siendo importante cuando se trata de transferir esa capacidad de decisión hacia la comunidad, hacia los usuarios, hacia sectores económicos. No hay demasiada experiencia al respecto, y se trata de elaborar con suficiente anterioridad a los hechos. Sin embargo la experiencia acumulada, por ejemplo, en los Concejos, sus Comisiones abiertas a los vecinos, los Concejos abiertos y las redes locales, deben ser tenidas en cuenta como punto de partida de análisis.
15- Una actitud, para nosotros equivocada, es la de no transferir capacidad de decisión. Ello le quitaría respaldo a una gestión que, obviamente, lo va a necesitar y lo va a tener que organizar. Por lo tanto, la gran tarea de la fuerza política, con miras al gobierno popular, es promover el desarrollo de un sujeto social colectivo, con ámbitos de participación, hacia el que hay que transferir capacidad de decisión.
16- Uruguay cuenta con una gran ventaja al respecto, y es que, en principio, tiene una amplia y extendida red social a la que hay que estimular y apoyar, así como un movimiento sindical unitario y combativo. No se parte de cero y no hay que empezar a trabajar desde una red social inexistente.
17- Los elementos enunciados se expresan en el Acuerdo Social, que pasará a ser, sin duda, un eje estratégico de la acción del Gobierno Progresista. Tal como dicen los documentos aprobados por el Congreso Tota Quinteros de setiembre de 2001.
“Este Acuerdo Social sólo será posible si persistimos en el camino ya emprendido de consolidar un amplio bloque social y político que exprese a todos aquellos que son víctimas del actual modelo neoliberal y que estén dispuestos a coincidir en la oposición y la propuesta. La lucha y la movilización popular serán determinantes en cada coyuntura para la búsqueda y concreción de acuerdos sociales.
El gobierno progresista apoyado en el acuerdo entre todas las fuerzas que conforman la base social del Frente Amplio y en la necesidad de profundizar la democratización y el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y al crecimiento con justicia, ampliará la convocatoria al rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras comprometidas con el desarrollo soberano del país.
Se trata de una convocatoria amplia en la que cada sector deberá contribuir a los objetivos planteados.
El proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales, políticos y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de desarrollo integral al crecimiento productivo.”
18- El acuerdo social es entonces el marco estratégico en el que se deben inscribir las políticas de relacionamiento. Para decirlo con claridad: los múltiples canales de diálogo que debe establecer el gobierno progresista con la sociedad organizada no son un elemento separado del programa, por el contrario, deben expresar plenamente la participación, el compromiso ciudadano y la transparencia que están en la base misma de nuestra propuesta.
19- El acuerdo social debe plantearse desde una visión compartida sobre ciertos aspectos de la realidad y sobre propuestas de acción acordadas y respaldadas por todas las partes involucradas, si no quedará en una aspiración ideológica o política ni será el instrumento útil de gobernabilidad progresista. Se trata de tejer las coincidencias en torno al proyecto común del bloque social alternativo.
Tal como se viene diciendo, el Acuerdo Social implica la voluntad de propiciar la más amplia participación, el reconocimiento de los actores sociales relevantes y de las organizaciones que se han dado. En este sentido cobra especial significación el área de la Economía Social, en sus diferentes expresiones asociativas y, en especial, el Movimiento Cooperativo, que debe ser reconocido como un actor social fundamental, especialmente en lo que tiene que ver con la estrategia del país productivo, de la construcción de un Proyecto de desarrollo integral y la democratización de la vida económica.-
20- En este marco, y a la luz de algunas dificultades de la hora, ha quedado de manifiesto que tenemos carencias en lo que se refiere a la relación entre fuerza política, gobierno de la fuerza política, actores sociales – muchas veces con demandas de claro corte corporativo – y sociedad en su conjunto. El no esclarecer los términos de ese relacionamiento -cada vez más conflictivo – puede convertirse en un verdadero obstáculo de cara a las transformaciones que propugnamos.
La fuerza política y su gobierno, así como el amplio, multifacético y combativo movimiento de masas, integramos el bloque político y social alternativo (o las grandes mayorías nacionales), opuesto al bloque de poder. Como tales integrantes, tenemos todos un mismo proyecto que, en sus grandes líneas, puede ser caracterizado de popular, nacional y democrático, antiimperialista y antioligárquico. Proyecto que hemos ido elaborando en medio de duras luchas y que, por eso mismo, aplicaremos, controlaremos y defenderemos, todo a la vez. Integramos un gran bloque histórico y tenemos un proyecto esencialmente similar.
Sin embargo, desde el punto de vista de su composición social, el bloque alternativo no es algo homogéneo, sino que esta conformado por distintas clases, fracciones de clases, capas y estratos. Desde el punto de vista de la forma, su expresión tampoco es uniforme, sino multiforme: se expresa y organiza en el plano político, social, cultural, etc. Tampoco, en consecuencia, son similares los comportamientos, usos y costumbres de sus integrantes.
Las clases, fracciones de clase, capas y estratos, así como las organizaciones mediante las cuales se expresan las grandes mayorías en los diferentes planos, conformamos objetivamente un bloque social y político con intereses comunes, pero también con matices, diferencias y proyectos finales no necesariamente similares. De aquí, por ejemplo, la posibilidad real de existencia de contradicciones y visiones diferentes a la interna del bloque alternativo.
Por lo anterior, partiendo de que la realidad analizada es compleja, se vuelve necesario establecer mecanismos formales (aprobados y respetados por todos), y/o reforzar los ya existentes, a través de los cuales se establezca el relacionamiento entre los distintos componentes del bloque de los cambios. Urge, entonces, fortalecer y/o crear los ámbitos de debate, los caminos para reglamentar y solucionar las contradicciones o conflictos (hasta cierto punto inevitables) y los dispositivos de apoyo, asesoría o estudios que posibiliten la participación efectiva de los actores político-sociales que hacen al bloque histórico. Y ello, al mismo tiempo que reconocemos que la gestión administrativa de gobierno y el partido político deben tener ámbitos de acción separados, así como reconocemos la autonomía del movimiento de masas respecto de los partidos políticos.
21- La autonomía es necesaria y fundamental para la preservación de las características, objetivos y roles diversos de la fuerza política, el gobierno y las fuerzas sociales.
22- Históricamente, el movimiento sindical en su conjunto, ha sido capaz de trascender la perspectiva meramente corporativa en aras de un proyecto de país, planteándose la alianza con otras capas y sectores sociales.
Esa experiencia avala nuestras expectativas sobre la concreción de amplios acuerdos sociales en torno a una estrategia de desarrollo nacional asumida por un gobierno de nuestra fuerza política, la cual asume el legado histórico de las luchas de los trabajadores y de todos los sectores postergados en pos de la emancipación social y la independencia nacional.
Al mismo tiempo, más allá de los acuerdos estratégicos, en la coyuntura inmediata, muchas veces legítimamente, las organizaciones sociales defienden los intereses específicos de los sectores a los que representan.
A partir de esta situación pueden presentarse conflictos con otros sectores sociales o con el gobierno que encarne un proyecto para el conjunto del país.
Esto de por sí no es dramático, ya que la vida es conflicto y el avance se procesa encarando conflictos. El tema es como se resuelven.
Una fuerza progresista en el gobierno deberá defender el cumplimiento integral de su programa, asumiendo el ejercicio pleno de la autoridad del Estado, en los márgenes estrictos del orden jurídico y a través de la metodología del respeto y del diálogo.
Resolver conflictos puede implicar optar por unos u otros intereses en función de una orientación ideológica acerca de lo que se considere más beneficioso para la sociedad en su conjunto.
23- La Fuerza política en el ejercicio del gobierno asume la concreción de un proyecto de cambio para el país.
Este proyecto no es el resultado de la suma de los intereses sectoriales que existen en la sociedad, sino en su articulación y/u opción por unos sobre otros, en beneficio de la comunidad, para el presente y/o su futuro.
Vale decir, que sobre la base de la realidad material de la sociedad y de la situación concreta de las diferentes clases y sectores sociales, se trata de una construcción que se juega fundamentalmente en el terreno de la política, del discurso y de la acción política y que a su vez, para ser viable, debe generar un consenso activo en toda la sociedad en torno a esta propuesta.
24- A su vez, para una fuerza política progresista y de izquierda, resulta fundamental articular una propuesta de conjunto viable, que permita un avance progresista con soluciones para los problemas de hoy y el desarrollo futuro. Y se hace necesario implementar una estrategia inteligente, participativa, que permita enfrentar con éxito las políticas negativas a los intereses de las mayorías en el presente, y posibilite no sólo ganar el gobierno sino gobernar para lograr el cambio, un desafío que depende en buena medida de la capacidad de relacionamiento con la sociedad organizada sobre la base de la comprensión de su diversidad, el respeto de la autonomía de lo político y lo social, y la necesidad de la concertación permanente entre ambos para viabilizar un proyecto.
25- Para todo esto, se requiere una manifiesta y consecuente voluntad de diálogo para hacer viable la transformaciones. La profundidad y la permanencia de estas está en relación directa con el grado de Involucramiento y compromiso que asume la sociedad. Esto no se logra sino es a partir de privilegiar el diálogo y acuerdo, en lugar de la imposición autoritaria e inconsulta.
26- Esta voluntad de diálogo y apertura a la participación, que deberá ser la seña de identidad de nuestro estilo de gobierno, debe realizarse en distintos planos.
• La Reforma Institucional que debe encarar el gobierno progresista deberá incluir, en primer lugar, la institucionalización de formas de participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil. La reglamentación y conformación del Consejo Nacional de Economía o un ámbito similar de participación de los diversos actores sociales. La participación de los trabajadores en la dirección de las Empresas Públicas a través – por ejemplo – de sindicaturas, la Descentralización Política, son algunos de los aspectos que debe incluirse en dicha Reforma.
• En el primer año de gobierno, la discusión del Presupuesto Nacional 2005 –2009 debe ser la ocasión para propiciar una amplia participación e involucramiento social en la primera ley fundamental que se deberá aprobar. Deben construirse aquí las bases de la participación institucionalizada, favoreciendo la organización y el fortalecimiento de la sociedad civil, buscando achicar lo más posible la distancia entre ella y el gobierno.
En relación a los trabajadores bajo nuestra administración debe establecerse un buen relacionamiento sustentado en el respeto mutuo, el diálogo y la concertación, sobre la base de algunos parámetros claramente definidos e impulsados:
- El compromiso del gobierno de mejorar las condiciones laborales y salariales, de acuerdo a sus posibilidades y definiciones estratégicas atendiendo la situación y el proyecto global.
- El Impulso de la negociación colectiva y la política de convenios.
- El otorgamiento de mejoras significativas en materia salarial y de beneficios a los trabajadores del Estado, debe acompañarse del establecimiento de una clara contrapartida en términos de mejora de productividad y de la gestión, atención al público y mejora del rendimiento en el Estado, así como el involucramiento de los trabajadores en la gestión y el incentivo del compromiso por parte de los mismos a la hora de reafirmar su actitud de servicio hacia la sociedad
27- La refundación de las relaciones laborales debe partir de el ejemplo de un Estado que impulse decididamente la negociación con los funcionarios, con el firme propósito de llegar a Convenios Colectivos en el sector público, en los que se determinen con claridad los compromisos de cada parte, hacia el objetivo de la dignificación de la función pública y dotar de la máxima calidad a los servicios y productos del sector público.
28 - Un modelo de relaciones laborales institucionalizado debe asentarse sobre:
• legitimidad de las organizaciones (sindicatos-empresarios): refiere a que realmente representen a los actores del mundo del trabajo, sea por afiliación, por convocatoria, adhesión, etcétera.
• reconocimiento de todas las partes: gobierno-sindicatos-cámaras empresariales
• confianza, respeto y disposición permanente al diálogo
• legalidad por convenios laborales, en particular el cumplimiento de la Ley de Consejos de salarios.
• Ratificación de los Convenios Internacionales con la OIT
29 - Debe tenerse presente que hay un componente esencial de nuestras políticas de reactivación y Empleo: la defensa por parte del Estado de los derechos laborales y de las garantías para el pleno ejercicio del derecho de sindicalización. En este sentido se promoverá por la vía administrativa y se legislará sobre la obligatoriedad de la Negociación Colectiva, cuyo desarrollo será preocupación central del Gobierno Nacional. Estas políticas buscarán dotar de racionalidad democrática a las relaciones laborales, ampliando al máximo las vías institucionales para la resolución de los conflictos.
30- Posiblemente sea en esta área en la que se ponga a prueba con la máxima exigencia la apuesta estratégica del Acuerdo Social. El Gobierno pondrá de su parte su compromiso de abrir puertas, de garantizar ámbitos y acuerdos alcanzados; las organizaciones populares tendrán canales de expresión de sus necesidades y los sectores empresariales tendrán la posibilidad de expresar sus preocupaciones e intereses, sabiendo que la suerte de los emprendimientos productivos estará ligada a la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, en un marco de respeto a las reglas del diálogo y a los objetivos gubernamentales de largo plazo.
31- En relación a los trabajadores particularmente se promoverá la participación de los mismos, la coparticipación en mecanismos de calificación, controles, productividad (preferentemente colectiva), capacitación, ascensos, premios, sanciones, etcétera. También mecanismos de prevención de conflictos, preavisos, diálogo, etcétera
32- Propuestas para acuerdo, que deben por lo menos ser discutidas, son:
• la reducción de la jornada laboral.
• eliminación de las horas extras (utilización solamente en situaciones extraordinarias).
• legislación sobre la negociación colectiva por rama de actividad
• fuero sindical
• integración de trabajadores a la dirección en organismos públicos
• comités de empresas y comisiones paritarias
• equidad en cuestiones de género referidas al trabajo
33- En el marco de la discusión se deberá profundizar en el análisis de los cambios en el mundo del trabajo, sus impactos y sus efectos. Las instancias de acuerdo deben ser foros en los que se comiencen a considerar públicamente y con transparencia algunos temas que han permanecido en segundo plano, pero que son centrales para la vida de cientos de miles de uruguayos y uruguayas. Entre ellos: la informalidad, la flexibilización, la tecnología, el nuevo desempleo, la precarización de los puestos de trabajo. Sin una visión compartida sobre lo que ha pasado en el mundo del trabajo en los últimos 30 años, no es posible llegar a acuerdos sólidamente cimentados.
34- A nivel estatal en particular, se debe asegurar la participación de los trabajadores con capacidad de cogestionar las empresas del Estado.
35- El gobierno popular es tal, por su relación con los trabajadores a cargo, por la forma en que resuelve los problemas o las necesidades del conjunto del pueblo. Eso lo tiene que hacer a partir de los trabajadores que tiene a su cargo: son el instrumento necesario para la gestión popular, pero el carácter popular surge por cómo resuelve las necesidades de la gente, los problemas de la gestión y su relación con los trabajadores.
36- Asumimos, como cuestión de principios, la relación con los trabajadores. La fuerza política, necesariamente, tiene que establecer cómo se plantea llevar adelante el relacionamiento y, a partir de lo discutido por los propios trabajadores, posteriormente elaborar una política de intercambio y relacionamiento acordada entre ambas partes. Ello no hará más que confirmar, desarrollar y profundizar algo que existe desde el nacimiento del Frente Amplio.
Montevideo, 19 de abril de 2004
