I-Es durante el gobierno de J:M.Sanguinetti, que se liquidan los ferrocarriles nacionales. Sus vías son abandonadas, su patrimonio inmueble dado a diversos organismos o entregado a la destrucción por el tiempo. Sus funcionarios son repartidos por todo el estado, sus tierras abandonadas al usufructo de los linderos, son miles de hectáreas a lo latrgo de los dos mil kilómetros de trazados viales. Se entrega a los amigos fleteros el transporte de hacienda que realizaba económicamente AFE, con seguro con el BSE incluído. Pero, para asegurarse de que nunca más, ningún gobierno osara reflotar el medio, se toman el trabajo de cortar con autógena los chasis de los vagones y desmantelar para leña las arboladuras de los vagones…. ¡Todo un trabajo de futuro!
II-Es en el mismo gobierno de Sanguinetti, que se licita la reconstrucción del tramo de la ruta 30 entre Bella Unión y Artigas. Esta zona había quedado sin tren, y la región totalmente incomunicada porque, a la primer lluvia, los puentes del arroyo Catalán quedaban bajo agua, pero además, los balastros se volvían intransitables….¡porque los ciento treinta kilómetros de ruta eran de balastro!.
Manos a la Obra, el ministro L. Cáceres, lugarteniente en obras viales de _Sanguinetti, licita la tarea. La misma se aprueba a un costo de 130:000.000 de dólares, a exactamente un millón el kilómetro. ¡Que nos sirva de referencia este dato! Pero la obra nunca se termina, las empresas quiebran, quedan los puentes nuevos al lado de los viejos durante años…el bitumen incompleto se rompe rápidamente ante el creciente flujo de fletes.
La alternativa para la región es dar la vuelta por el Brasil donde hay buenas rutas a un costo de cuarenta kilómetros adicionales…..por décadas esta fue la solución cuando llovía.
IV- Es durante el gobierno de Lacalle que se aprueba la ley forestal. Al impulso, protección y amparo surge la forestación uruguaya, donde medraron grupos de especuladores en bienes raíces que prometieron fabulosas rentabilidades que centimultimplicarían los dineros invertidos a nuestros muy conservadores capitalistas de bajo riesgo y nula iniciativa.
La ley forestal preveía exoneraciones en el pago de contribución y gracias fiscales diversas. Pasaron quince años, los árboles crecieron mientras se iban instalando las multinacionales procesadoras de celulosa, que también, fueron comprando territorio y forestando, generando una tendencia alcista en los precios de la tierra, que se agravaría luego con el fenómeno de la soya.
Pero, la tierra se valorizó, pero el resultado financiero de la forestación fue desastroso para los ahorristas. Este sólo era un buen negocio para las plantas que controlan toda la cadena y fijan los precios…Pero los precios de la madera están dados fundamentalmente por los costos de los fletes. Así pues las plantas de celulosa previeron estar en los puertos, y porque la rentabilidad no soporta un flete superior a los 200Km en derredor de la planta, se aseguraron ese radio forestal máximo.
Entonces, nuestros geniales gobernantes primero desmantelan los puertos y ferrocarriles ,luego fomentan, mediante subsidios y exoneraciones un plan forestal que ocupa 4:000.000 de hás. ¡Tuvieron quince años, mientras crecían los árboles, para pensar en como sacar esa producción hacia los puertos!
El país tiene una red vial que fluye Radialmente hacia Montevideo. Esa red vial ha sido construida y mantenida en base a endeudamiento externo. Han sido el B. Mundial o el Bid , es decir son obras públicas con costos financieros que se suman a nuestro crónico endeudamiento externo. Cuyo servicio pesa gravemente en nuestros balances de pago nacionales. Todo esto forma parte del “costo del estado”, invisible, pero que es el sustento de gran parte del empresariado nacional y extranjero. Si el estado no invierte, o en su defecto se endeuda, en rutas y caminos, la economía no funciona, los costos se disparan, no solo para el particular, sino para la comunidad toda, porque, por nuestra condición de productor primario, no podemos incluir directamente todos los costos en los precios de nuestros productos, carnes, lanas, madera ,etc. Cosa que no ocurre cuando importamos bienes industriales, en los cuales van todos los costos de fabricación y transporte de cada uno de sus componentes.
Debemos agregar, para los llorones de la FEDERACIÓN RURAL Y de la ARU, que la valorización de la tierra también forma parte de las ganancias del negocio en el territorio. El valor de la tierra, según estadísticas del MGAP, se multiplicó por ocho. Las rentas generadas por la tierra le siguieron la tendencia. Esta valorización de la tierra es una inversión social, no depende del buen desempeño personal del terrateniente, depende de los precios que se pagan por lo que da esa tierra, más la accesibilidad de la misma al mercado. Esta accesibilidad forma parte del aporte social a ese incremento: son fletes redes energéticas , conectividad, infraestructura vial y portuaria. Es disponibilidad de personal calificado para las tareas a emprender. Todo esto lo debe de licuar financieramente el estado entre todos sus pobladores, beneficiarios directos o indirectos de la gestión de la tierra.
Cuando el Pepe planteó el movilizar parte de las abultadas reservas en el exterior en infraestructura, la ortodoxia económica, los fundamentalistas del equipo económico se rasgaron las vestiduras, la oposición puso el grito en el cielo:¡no tocar nada del legado de Vegh Villegas!
Al Pepe solo le queda, para no pasar por la presidencia como un desaprensivo más, el pueblo para hacer de esto un “país en serio”, sin “logreros ni malandras”.
Porque pasó medio siglo sin inversión pública, donde se prohijaron fabulosos vaciamientos patrimoniales públicos y privados, pero que siempre terminaron “anotados a la cuenta del otario” Juan pueblo, nos dejaron en “Pampa y la vía”.
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MACANAZO TRAS MACANAZO
La sorpresiva visita del presidente Mujica a la bancada parlamentaria, nos obligan a volver sobre el tema* de la “caducidad de la pretensión punitiva del estado”, eufemismo encubridor de múltiples salvajadas realizadas por viejos y modernos unitarios al frente o a la sombra del militarismo uruguayo.
Para colmo de males la enmienda propuesta ha sido “peor que el soneto”, en cuanto a las consecuencias político- estratégicas del pueblo oriental a mediano y largo plazo. Como siempre, ha de ser el “ojo avisor” de Mujica el único que reaccione ante tanta barbaridad producto de la incapacidad o de la demagogia fácil.
Es en estas circunstancias que nos vemos en el deber de reiterar los conceptos expuestos en el número 3800 del 7/11/2010, bajo el título “Caducidad, única enmienda posible”.
Nuestra primera constitución, 1830, plagiando a la de una secta unitaria, desconoce a la mayoría de los sujetos de derecho del territorio,(mujeres, pobres, negros, indios y analfabetos), su consumación fue Salsipuedes. Por ello duró ocho años, hasta el año 1838 en que Rivera y sus aliados franceses y unitarios porteños derriban al segundo gobierno constitucional de Manuel Oribe.
Y de ahí en adelante no habría paz ni respeto hasta que se plasmara una nueva Constitución en 1917. Luego, cada crisis de poder o de reparto, apeló a una reforma constitucional, haciendo del país una especie de bricolage cívico partidario. Para cada ocasión una enmienda, trajes de medida para cada convite a que les expusiera el destino. No puede en esas circunstancias pensarse seriamente que aquí en algún momento estos textos maquillados, época tras época, surgieran de una necesidad práctica nacional. La nación no es una construcción de papel, es un proyecto existencial.
Las constituciones sin alma conjugan en futuro imperfecto, "tendrán", declamaciones de cenáculo. Por ello está llena de generalidades y ambigüedades a designio, para confundir al pueblo.
Art.82-"La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma." De esta frase no puede desprenderse que exista ni un tanto de igualdad entre los soberanos y los representados, puesto que el "soberano" ¬art 79- es inferior a los poderes representativos, así que: "Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo."
Con lo que el poder del "soberano" está bien limitado. Las mayorías reales cargan con el 85% del presupuesto del estado pagando IVA en cada acto vital, desde alimentarse a vestirse, cobijarse, curarse.etc. En cambio solo contribuyen con el 15% los sectores que acumulan excedentes o ganancias. Eso se desprende de la actual estructura tributaria del país.
La mas grande ambigüedad republicana surge de los silencios constitucionales, los constituyentes, como buenos unitarios, "son dueños de sus palabras y prisioneros de sus silencios". Por ello no les temblaron las barbas cuando, los "constituyentes del 66", Dres. Gonzalo Aguirre y Julio M.Sanguinetti, redactaron la ley 15.848, apodada "de caducidad", asumiendo el Poder Ejecutivo la potestad de designarle los casos al Poder Judicial, estableciendo por ley la abolición de la separación institucional de los poderes del estado. Porque si hubieran querido actuar de acuerdo a su constitución, habrían redactado una ley de amnistía, art.85/14, habilitados con la mayoría absoluta de los votos de la Asamblea General...pero los obtusos rencores de los políticos del proceso, beneficiarios de todos los crímenes, impidieron que el país se pacificara por medio de una "amnistía general e irrestricta". Hubo que recurrir al subterfugio de liberación anticipada, computando tres por uno los años de cautiverio o exilio. Todo para salvaguardar viejos rencores de facción... Y aquellas aguas trajeron estos lodos.
La única enmienda posible a tanto error sería introducir una pequeña enmienda en el art. 3*, donde dice Poder Ejecutivo deberá decir Suprema Corte de Justicia*. Quedando redactado de la siguiente forma: Art- 3." A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá de la Suprema Corte de Justicia que informe dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente"
Queda así salvado el macanazo, el mayor de muchos, que el Poder Ejecutivo subrogue al Poder Judicial en sus funciones. De esta forma se resuelve el problema ante la Junta Interamericana de Justicia, sin afectar en lo más mínimo la voluntad popular expresada en las instancias plebiscitarias, pues estas no pueden avalar leyes inconstitucionales, antirrepublicanas ni estar por encima de la representación popular, que detenta la facultad de legislar, crear o modificar leyes, total o parcialmente, porque en el ejercicio de soberanía ejerce su derecho al error y la enmienda.
Y ahí se acaba la infame historia de los macaneos republicanos, de las leyes a contrapelo del derecho de gentes, ahora llamados humanos.
Nota del autor
*Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente. Leer más...
Para colmo de males la enmienda propuesta ha sido “peor que el soneto”, en cuanto a las consecuencias político- estratégicas del pueblo oriental a mediano y largo plazo. Como siempre, ha de ser el “ojo avisor” de Mujica el único que reaccione ante tanta barbaridad producto de la incapacidad o de la demagogia fácil.
Es en estas circunstancias que nos vemos en el deber de reiterar los conceptos expuestos en el número 3800 del 7/11/2010, bajo el título “Caducidad, única enmienda posible”.
Nuestra primera constitución, 1830, plagiando a la de una secta unitaria, desconoce a la mayoría de los sujetos de derecho del territorio,(mujeres, pobres, negros, indios y analfabetos), su consumación fue Salsipuedes. Por ello duró ocho años, hasta el año 1838 en que Rivera y sus aliados franceses y unitarios porteños derriban al segundo gobierno constitucional de Manuel Oribe.
Y de ahí en adelante no habría paz ni respeto hasta que se plasmara una nueva Constitución en 1917. Luego, cada crisis de poder o de reparto, apeló a una reforma constitucional, haciendo del país una especie de bricolage cívico partidario. Para cada ocasión una enmienda, trajes de medida para cada convite a que les expusiera el destino. No puede en esas circunstancias pensarse seriamente que aquí en algún momento estos textos maquillados, época tras época, surgieran de una necesidad práctica nacional. La nación no es una construcción de papel, es un proyecto existencial.
Las constituciones sin alma conjugan en futuro imperfecto, "tendrán", declamaciones de cenáculo. Por ello está llena de generalidades y ambigüedades a designio, para confundir al pueblo.
Art.82-"La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma." De esta frase no puede desprenderse que exista ni un tanto de igualdad entre los soberanos y los representados, puesto que el "soberano" ¬art 79- es inferior a los poderes representativos, así que: "Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo."
Con lo que el poder del "soberano" está bien limitado. Las mayorías reales cargan con el 85% del presupuesto del estado pagando IVA en cada acto vital, desde alimentarse a vestirse, cobijarse, curarse.etc. En cambio solo contribuyen con el 15% los sectores que acumulan excedentes o ganancias. Eso se desprende de la actual estructura tributaria del país.
La mas grande ambigüedad republicana surge de los silencios constitucionales, los constituyentes, como buenos unitarios, "son dueños de sus palabras y prisioneros de sus silencios". Por ello no les temblaron las barbas cuando, los "constituyentes del 66", Dres. Gonzalo Aguirre y Julio M.Sanguinetti, redactaron la ley 15.848, apodada "de caducidad", asumiendo el Poder Ejecutivo la potestad de designarle los casos al Poder Judicial, estableciendo por ley la abolición de la separación institucional de los poderes del estado. Porque si hubieran querido actuar de acuerdo a su constitución, habrían redactado una ley de amnistía, art.85/14, habilitados con la mayoría absoluta de los votos de la Asamblea General...pero los obtusos rencores de los políticos del proceso, beneficiarios de todos los crímenes, impidieron que el país se pacificara por medio de una "amnistía general e irrestricta". Hubo que recurrir al subterfugio de liberación anticipada, computando tres por uno los años de cautiverio o exilio. Todo para salvaguardar viejos rencores de facción... Y aquellas aguas trajeron estos lodos.
La única enmienda posible a tanto error sería introducir una pequeña enmienda en el art. 3*, donde dice Poder Ejecutivo deberá decir Suprema Corte de Justicia*. Quedando redactado de la siguiente forma: Art- 3." A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes, requerirá de la Suprema Corte de Justicia que informe dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente"
Queda así salvado el macanazo, el mayor de muchos, que el Poder Ejecutivo subrogue al Poder Judicial en sus funciones. De esta forma se resuelve el problema ante la Junta Interamericana de Justicia, sin afectar en lo más mínimo la voluntad popular expresada en las instancias plebiscitarias, pues estas no pueden avalar leyes inconstitucionales, antirrepublicanas ni estar por encima de la representación popular, que detenta la facultad de legislar, crear o modificar leyes, total o parcialmente, porque en el ejercicio de soberanía ejerce su derecho al error y la enmienda.
Y ahí se acaba la infame historia de los macaneos republicanos, de las leyes a contrapelo del derecho de gentes, ahora llamados humanos.
Nota del autor
*Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente. Leer más...
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